En el caso resuelto, se trataba de un contrato de los calificados como «a todo riesgo», con una duración de cinco años, que se prorrogaban tácitamente por periodos iguales, salvo denuncia de alguna de las partes con noventa días de antelación. Para el caso de que alguna de las partes desistiera del contrato, se establecía una penalización del 50% de las cuotas pendientes hasta la fecha establecida para su finalización.
La sentencia recurrida había estimado la demanda de la empresa de mantenimiento y había condenado a una comunidad de propietarios a abonar la indemnización correspondiente por haber desistido unilateralmente del contrato en el tercer año de vigencia.
La Sala estima el recurso de casación formulado por la comunidad de propietarios y considera que un plazo de duración del contrato tan extenso y con esas consecuencias asociadas es contrario a la normativa sobre cláusulas abusivas. Resulta razonable que la empresa de mantenimiento de ascensores exija un tiempo mínimo que le permita organizar su infraestructura y, en caso de contratos «a todo riesgo», amortizar la adquisición de piezas costosas, pero ello no puede suponer una vinculación excesiva que impida a los consumidores aprovecharse de las mejores prestaciones de otros empresarios. El riesgo que supone para la empresa la baja de los clientes no puede suprimirse restringiendo indebidamente los legítimos derechos económicos de los consumidores, sino que debe quedar fijado en sus justos términos, mediante el establecimiento de plazos razonables que permitan al empresario organizar la prestación del servicio y a los consumidores beneficiarse de las mejores ofertas que hagan otros empresarios del sector.
En el caso resuelto por esta sentencia, la empresa de mantenimiento de ascensores no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen una duración superior a tres años, que es el plazo máximo que, en concordancia con los criterios mantenidos por un sector importante de las Audiencias Provinciales, y en línea también con lo mantenido por la autoridad nacional de la competencia, se considera razonable para un contrato de esta naturaleza, habida cuenta que se trata de un contrato que incluye la obligación de la empresa de mantenimiento de sustituir, a su cargo, las piezas averiadas.

FUENTE: https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14403–el-tribunal-supremo-da-la-razon-a-una-comunidad-de-propietarios-contra-un-contrato-de-mantenimiento-de-ascensores-abusivo/

La clave está en la convivencia, y en consultar a la comunidad (y los estatutos)
Lo primero que hay que aclarar es que si se trata de un aparcamiento o garaje individual el dueño puede hacer el uso que quiera del mismo. No es así si su vehículo está aparcado en una comunidad de vecinos; aquí entra en juego la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Viene recogida en la Ley 49/1960, de 21 de julio y establece cómo se gestionan las comunidades de propietarios, así como sus derechos, obligaciones y los cargos administrativos que se precisan dentro de las mismas.
Lo cierto es que la LPH no prohíbe de forma explícita poner muebles de almacenamiento en un garaje o usarlo como trastero; se trata de una zona común pero de uso privado, por lo que cada propietario podrá hacer lo que considere oportuno, siempre que no modifique la estructura de la plaza de garaje, no sobrepase sus límites, ni tampoco ponga en peligro la seguridad del edificio ni la de sus habitantes.
De hecho, el artículo 7.2 de la LPH asegura, como ocurre con el resto de zonas comunes de uso privado que el propietario «podrá usar su espacio como estime oportuno siempre que no desarrolle actividades que resulten dañinas para la finca que contravengan disposiciones generales sobre actividades molestas, nocivas o peligrosas».
Sin embargo, antes de instalar o colocar ningún tipo de muebles de almacenamiento es importante consultar qué dicen los estatutos de la comunidad de propietarios, dado que éstos sí pueden prohibirlo. Y, en este caso, prevalecerá lo que se dictamine en ellos. La LPH es clara en este sentido: «No podrán realizarse innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario, si no consta su consentimiento expreso».
¿Puedo aparcar mi coche y mi moto en mi plaza? ¿Y poner un punto de recarga?
Lo mismo ocurre a la hora de aparcar varios vehículos en una misma plaza, como puede ser un coche y una moto o una bici: mientras no sobrepasen las líneas que delimitan la plaza, es legal siempre que no contradigan los estatutos de la comunidad. Además, no deberán obstruir el paso de otros usuarios, invadir las plazas de garaje de otros propietarios o las áreas comunes destinadas a peatones y deben evitar cruzar la línea divisoria de manera que dificulte a los vecinos abrir las puertas de sus vehículos con comodidad.
Pero atención al seguro, ya que por norma general cubren los daños ocasionados en un número de plazas y vehículos que las ocupan.
Y ojo porque la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio viene recogido como un derecho del propietario, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, sólo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados directos en la misma.
 
 
FUENTE: https://www.motorpasion.com/revision/trastero-a-aparcar-dos-vehiculos-que-puedes-hacer-que-no-tu-plaza-parking

La transición energética está a la orden del día. Durante los dos últimos años, el autoconsumo residencial ha poblado casi 330.000 instalaciones domésticas, según datos de APPA Renovables, sobre todo en viviendas unifamiliares. Pero cada vez se están informando más personas relacionadas con las comunidades de vecinos en edificios en altura, donde reside la mayoría de la población en España.
En el último año, la compañía española de autoconsumo ha detectado desde septiembre un incremento del 28% en la demanda de instalaciones en comunidades de vecinos.
Pero una de las grandes barreras para acercarse al autoconsumo colectivo es comprender las posibilidades y vías existentes para compartir el tejado con los vecinos. En ese sentido, Manel Pujol,  destaca las diferentes instalaciones en comunidades de vecinos en función de los suministros  que cubren:
Instalaciones colectivas para compartir producción entre los vecinos: los vecinos acuerdan realizar una única instalación y se reparten entre estos la energía producida.
Instalaciones que cubren el consumo eléctrico del edificio (las denominadas zonas comunes; ascensor, escalera, garaje etc).
Instalaciones individuales que cubren el consumo de una vivienda privada: en este caso, la energía producida por la instalación cubre el gasto que realiza el vecino en su propia vivienda. La instalación será en este caso propiedad del vecino que realiza la instalación y será de carácter privativo, no comunitaria. En una comunidad se puede acordar que cada uno de los vecinos realice su propia instalación individual.
Combinaciones de las anteriores: siempre que sea posible a nivel logístico y de espacio, se puede realizar una instalación de autoconsumo colectivo para, por ejemplo, dar servicio a los vecinos y también a las zonas comunes.
“Las instalaciones comunitarias requieren de conocimientos distintos y específicos, y nuestro equipo de gestión de autoconsumo colectivo se encarga de facilitar toda la información a los vecinos, gestionar los trámites y acuerdos necesarios para instalar así como de vigilar la correcta puesta en marcha de cualquier instalación vecinal”, destaca el experto.
Por ello, aportan en este artículo las dudas más comunes sobre los proyectos de autoconsumo colectivo.
¿Que aprobación vecinal se necesita?
Uno de los dilemas que pueden venir a la mente de miles de españoles que quieren aprovechar el tejado de su edificio es la necesidad de aprobación comunitaria. “Es importante mencionar que se han suavizado las condiciones para tener luz verde en comunidades, y, en la actualidad, no hace falta unanimidad para instalar autoconsumo comunitario.” señala Manel Pujol.
Las normas de aprobación son diferentes según la naturaleza de la instalación que se pretende llevar a cabo. Para instalaciones que cubran zonas comunes es hoy necesario:
El voto favorable de la mayoría simple de los propietarios, siempre que el coste de la instalación repercutido anualmente no supere la cuantía de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. El coste se calcula una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas.
Además, se cuentan como votos a favor los de los propietarios ausentes en junta que han sido informados después de la decisión y no se han opuesto en un plazo de un mes, lo que facilita que los proyectos salgan adelante.
En cuanto a las instalaciones de autoconsumo colectivo, en las que los vecinos se benefician de una única instalación para su consumo:
El voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad. Los gastos de conservación y mantenimiento de la nueva infraestructura tendrán la consideración de elemento común y deberá ser soportado por los vecinos participantes de la instalación. Cualquier aspecto de la instalación de autoconsumo que no esté regulado explícitamente debe contar con aprobación de la junta de propietarios.
Para instalaciones individuales de uso privativo, (se destina a las viviendas particulares y no participan todos los vecinos), también es necesario el voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad.
“La posibilidad de instalar paneles solares es ya una realidad para muchos ciudadanos que residen en pisos. Por suerte, el autoconsumo es cada vez más común en el orden del día de las reuniones y juntas de vecinos, y es que hablamos de ventajas económicas considerables, como un 70% de ahorro respecto a la factura tradicional” señala Manel Pujol. Contar con una compañía que se encargue de todo el proceso y burocracia y asesore a los vecinos es clave para optimizar dicha experiencia.
Ayudas e incentivos: un aliciente para las instalaciones vecinales
La transición energética se ha convertido en un objetivo fundamental de las políticas públicas. En la actualidad, y durante todo 2024, los españoles que se decidan a instalar podrán optar a diversas ayudas e incentivos, también en instalaciones colectivas:
Bonificación del IBI y reducción del ICIO. Miles de ayuntamientos españoles aplican este tipo de bonificaciones, que varían en tiempo y cantidad sobre estos impuestos.
Deducción del 60% IRPF por rehabilitación energética del edificio. En 2024, los edificios completos que prueben la reducción del consumo de energía primaria no renovable en un 30% o más, o bien haber conseguido una clase energética »A» o »B’, obtendrán una deducción del 60% de IRPF al hacer la declaración de la renta el año que viene.
Deducción del 40% de IRPF en viviendas privadas. En el caso de no poder optar a la ayuda como edificio en conjunto, existe la posibilidad de conseguir una deducción del 40% a nivel privado. Esto ocurre cuando, al igual que en el anterior caso, gracias a la instalación nuestra vivienda reduce en al menos un 30% el indicador de consumo de energía no renovable o se consigue una mejora de la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B».
Otras ayudas regionales. Además de estos incentivos de carácter nacional, existen varios programas autonómicos que promocionan la transición energética a través del autoconsumo:  Ecovivienda en Andalucía o Ecohabitatge en Cataluña son algunos de ellos. Otras comunidades, como Murcia, optan por una deducción extra del IRPF a la nacional del 10%.
 
 

FUENTE: https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2024/03/14/816003-consejos-para-instalar-autoconsumo-en-comunidades-de-vecinos